Según información aparecida en "El Confidencial", la directora general de Tráfico, María Seguí, ha presentado su renuncia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que la ha aceptado. Cristóbal Cremades Rodríguez, secretario general de la DGT, asumirá de momento el cargo.
Seguí cesa después de cuatro años y medio al frente de la DGT y días después de que el Ministerio del Interior abriera una investigación para esclarecer si Tráfico financió proyectos de investigación realizados presuntamente por su marido,Francisco López Valdés.
Según ha informado el Ministerio del Interior, Fernández Díaz ha agradecido el trabajo desarrollado por María Seguí en una etapa "en la que se ha alcanzado el mínimo histórico en el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico desde 1960".
Precisamente en ese departamento trabajaba López Valdés, que recibió 49.950 euros de financiación de la DGT en 2012, según publicó hace unos días el diario 'El Mundo'. La información sin embargo fue desmentida por la propia DGT, que negaba haber adjudicado arbitrariamente contratos de investigación y recordaba que desde 2012 había financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades, en las que han participado más de 900 investigadores.
Además, Tráfico aseguraba que, desde la llegada de Seguí a esta Dirección General, se tomaron una serie de medidas para "evitar la concentración de adjudicatarios de investigación con fondos públicos", entre las que cita la elaboración del primer Plan de Investigación de la DGT, para el periodo (2012-2016).
Otra polémica ha salpicado en las últimas semanas a la Dirección General, cuya responsable cesó a su subdirectora adjunta de conocimiento vial, Marta Carrera, tras difundirse unas grabaciones con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) José Miguel Báez, sobre posibles "amaños" en la concesión del control de los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir.
Tras conocerse la dimisión de Seguí, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Admnistración General del Estado, cree que la Fiscalía Anticorrupción debe actuar de oficio para determinar las responsabilidades en este asunto que afecta, dice, "a la gestión y la imagen de un organismo público".
En este sentido, CSIF aboga por que la DGT asuma mecanismos de transparencia e inspección sobre los servicios prestados por la DGT en los últimos 10 años.